Ni el Ministerio de Justicia ni Hacienda conocen el destino de los varios cientos de millones de euros recaudados por la conocida como Ley de Tasas. Según esta ley, los ingresos obtenidos por el pago de tasas judiciales deberían estar vinculado al sistema de justicia gratuita, pero la realidad es bien distinta. En el año 2012 se aprobó la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas…