Samuel Parra

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 1500 euros a un vecino de Madrid por no retirar unas carcasas de plástico que simulaban ser cámaras de videovigilancia instaladas en la fachada de su vivienda y que enfocaban a parte de la vía pública. La Agencia de Protección de Datos viene insistiendo en la existencia de una prohibición general de captar imágenes de la calle, y que la garantía de la seguridad y la prevención de delitos corresponde en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una resolución con el título «sanción por incumplimiento de requerimiento de retirada de cámaras de videovigilancia ficticias«, en el que, efectivamente, se ha sancionado a un particular, vecino de Madrid, por no acreditar que había retirado unas cámaras ficticias de su fachada, y que enfocaban a varias zonas comunes de la urbanización así como parte de la vía pública (entrada y salida exterior del garaje).

El asunto comienza en la Resolución de Apercibimiento 00136/2011 de 15 de mayo de 2011, donde, tras una denuncia de los vecinos de esta urbanización de Madrid ante la Agencia Española de Protección de Datos, se acuerda apercibir al particular por la instalación de al menos 3 cámaras que enfocaban partes de la urbanización como la pista de pádel, piscina, y otras zonas comunes, así como también las entradas y salidas exteriores del garaje.

Durante la tramitación de este procedimiento de Apercibimiento, el denunciado no llegó a alegar nada, por lo que finalmente, la Agencia decide Apercibir (figura de relativa reciente creación que viene a significar que aunque has vulnerado la normativa sobre protección de datos, concurren ciertos requisitos en el infractor que permiten, en vez de imponer una sanción directamente, simplemente «apercibir», dar toque de atención, con la cautela eso sí, de que solo se puede acudir a esta figura una vez), constatando que ha vulnerado el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos al, en principio, captar imágenes de personas de la vía pública o de zonas comunes de la urbanización. Pero además de Apercibir, se le requiere para que en el plazo de 1 mes acredite el cumplimiento de ese artículo 6.1, cosa que solo puede hacer retirando esas cámaras, advirtiendo la Agencia de que si no lo hace podría ser sancionado.

Y pasa que transcurre ese mes y el denunciado no acredita nada, por lo que se inicia un nuevo procedimiento, el procedimiento sancionador 00139-2012, de 10 de octubre de 2012 cuyo objeto es, si procede, sancionar por no acreditar la retirada de esas cámaras.

No obstante, durante la tramitación de este procedimiento el denunciado sí que alega varias cosas, las transcribo aquí literalmente:

«QUE ESTANDO ACOSADO EN ESTA COMUNIDAD Y PERSEGIDO, CON TODO TIPO DE DENUNCIAS Y AMENAZAS QUE HA PERDIDO LA COMUNIDA EN LOS TRIBUNALES. Y NO SABIENDO QUE MAS BUSCAR SE HAN INVENTADO LA SITUACION ACTUAL, EN RELACCION A UN BULO QUE YO CORRI PARA DISUADIR DE QUE HICIERAN DAÑO A MIS PERTENENCIAS DE LA 1NSTALACION DE CAMARAS LO CUAL ES MENTIRA Y NO ESISTE NINGUN SISTEMA DE GRAVACION NI DE SEGIMIENTO DE NADIE . POR LO QUE NO ENTIENDO ESTA SITUACION EN LA CUAL SEME INCOA UN PROCEDIMIENTO SI COMPROBAR LA VERACIDAD DE LOS HECHOS. O EN SU DEFECTO PRUEVA DE LA EXISTENCIA DE IMÁGENES MAL USADAS DE ALGIEN, SIENDO UN HOGAR PARTICULAR NORMAL QUE DADA LA PENURIA ECONOMICA NO TENEMOS NI PARA LAS ALARMAS QUE SE CÓMERCIALIZAN PARA LOS HOGARES MUCHO MENOS PARA INSTALAR SYSTEMAS DE GARBACION Y SEGIMINENTO QUE DICEN LOS VECINOS. SOLICITO: EL DESESTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Y QUE NO SE COMUNIQUE A LAS PARTES LA ESISTENCIA DE LOS BULOS, YA QUE ESTE HECHO ELIMINARÍA EL EFECTO DISUASORIO QUE ASTA AHORA HA IDO TAMBIEN, PRODUCIENDO EL EFECTO CONTRARIO DE SOLUCIONAR LA SITUACION A DAÑAR A UNAS DE LAS PARTES.”

Y concluye en otro momento procesal distinto:

«Con el fin de probar la persecución a la que me veo sometido por la comunidad, y no sabiendo que exponer mas que la utilización torticera de la ley por parte de la comunidad, cosa que no digo yo si no en la sentencia que les facilito como prueba de lo expuesto en la cual queda acreditado dichos hechos por los jueces de la sala.
Reiterar que no tengo ningún sistema de grabación, ni siquiera de seguridad (Alarma etc…). que no guardo imagen alguna de nadie. Siendo un padre de familia en paro en los tiempos que corren y con tres hijos me es imposible asumir sanción alguna y menos 4000 euros, sin saber en base a que es la misma.«.

La Agencia no obstante viene manteniendo una postura firme en relación a la instalación de cámaras ficticias o carcasas de plástico que simulan ser cámaras; así, por ejemplo, en el procedimiento E/00888-2010 (entre otros muchos), donde un particular también fue denunciado por instalar cámaras en su ventana para proteger su vehículo de algunos gamberros, alegó que dichas cámaras eran de mentira, y la Agencia respondió:

«En supuesto presente, no existe constancia de que las cámaras instaladas en el lugar denunciado funcionen y capten imágenes de personas, por lo que de acuerdo con los principios de presunción de inocencia, que impide imputar una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y acreditado una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan la imputación o de la intervención en los mismos del presunto infractor, e “in dubio pro reo”, que obliga en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante a resolver dicha duda del modo más favorable al interesado, procede el archivo las presentes actuaciones.
No obstante, resultaría plenamente fundada la imposición de una sanción si en el futuro continuaran ubicadas las cámaras en el establecimiento, pues tal circunstancia podría constituir prueba indiciaria suficiente para determinar que las citadas cámaras se encuentran en funcionamiento y enervar el principio de presunción de inocencia, pudiendo imputarse la comisión de las infracciones que resulten de la aplicación de la LOPD que podrían ser sancionadas, de conformidad con el régimen sancionador previsto en la citada Ley, con multas de hasta 300.506,05 €»

En otras palabras, aunque la cámara sea falsa, podría no obstante dar la sensación en el futuro de que sí que están grabando, y esto sí podría ser un problema.

Volviendo al caso de nuestro amigo, a pesar de que alegó que dichas cámaras eran de mentira y todo eso, la Agencia termina imponiéndole una sanción de 1500 euros, basada, tal y como indica la Agencia:

«En esta ocasión, la infracción que se considera es la falta de atención al requerimiento realizado por el Director de esta Agencia, sin que puedan considerarse en esta ocasión alegaciones respecto de infracciones no imputadas en este procedimiento. En este expediente ha quedado acreditada la falta de atención al requerimiento efectuado por el Director de esta Agencia, infracción que ahora se imputa.
El hecho constatado de la falta de atención al requerimiento del Director de esta Agencia Española de Protección de Datos al imputado en este procedimiento, establece la base de facto para fundamentar la imputación de la infracción«.

Esto es, la sanción se produce porque cuando le requirieron para que quitara las cámaras ficticias otorgándole ese plazo de 1 mes para notificar dicha retirada, no lo hizo, a pesar de que las cámaras eran de mentira. Considero este caso un ejemplo de sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en el que en ningún momento pudo entrar en juego la normativa sobre protección de datos toda vez que nunca hubo datos personales de por medio y quizá, la primera resolución de Apercibimiento nunca debió haberse producido ya que no existían pruebas de que las cámaras del vecino estuvieran funcionando, o como en el caso concreto, fueran reales.

A colación de esto, veo necesario recordar la postura de la Agencia Española de Protección de Datos en lo que se refiere a la grabación de imágenes en espacios públicos, repetida en multitud de resoluciones, como por ejemplo en el procedimiento A/00132/2011  donde la Agencia aclara que:

«Debe tenerse en cuenta que las videocámaras no podrán captar imágenes de las personas que se encuentren fuera de la propiedad particular ya que el tratamiento de imágenes en lugares públicos sólo puede ser realizado, salvo que concurra autorización gubernativa, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o que opere la excepción establecida el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 de esta Agencia que establece: “las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquellas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida”.

De este modo, se constata que el denunciado trata imágenes de la vía pública o de las personas que se encuentran en el exterior del local, lo que supone la realización de un tratamiento de datos de carácter personal sin contar con la cobertura de la LSP a los efectos del principio del consentimiento, toda vez que dicha norma resulta de aplicación únicamente a los espacios y entornos privados. Ha de tenerse en cuenta que la prevención del delito y la garantía de la seguridad en las vías públicas corresponden en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, la regla general es la prohibición de captar imágenes de la calle desde instalaciones privadas.

A veces también resulta necesario captar los accesos, puertas o entradas, de modo que aunque la cámara se encuentre en el interior del edificio, resulta imposible no registrar parte de lo que sucede en la porción de vía pública que inevitablemente se capta.
Para que esta excepción resulte aplicable, no deberá existir una posibilidad de instalación alternativa. Debiendo tenerse en cuenta que:

– El responsable del fichero adecuará el uso de la instalación de modo que el impacto en los derechos de los viandantes sea el mínimo posible.

– En ningún caso se admitirá el uso de prácticas de vigilancia más allá del entorno objeto de la instalación y en particular en lo que se refiere a los espacios públicos circundantes, edificios contiguos y vehículos distintos de los que accedan al espacio vigilado.».