Samuel Parra

Algo peor que una «ley» absurda es una ley absurda que no se aplique a quien la crea; la conocida como «ley de cookies» que impone obligaciones de cierta complejidad técnica incluso a simples blogs personales que tengan publicidad bajo la amenaza de fuertes sanciones, resulta no ser de aplicación con carácter general a las webs de la Administración Pública  (Ministerios, Ayuntamientos, Congreso de los Diputados, etc); una «ley» en la que el propio legislador no está obligado a predicar con el ejemplo.

Desde que el pasado 1 de abril entrara en vigor la mal llamada «ley de cookies» (no es técnicamente una ley, sino un apartado de un artículo de una Ley, en concreto el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante LSSI)) se han sucedido un gran número de críticas por lo gravoso de su cumplimiento y su poca utilidad práctica. Pablo Burgueño publicaba en su día un completo artículo sobre las obligaciones nacidas de esta «ley de cookies» que recomiendo leer para contextualizar este post.

Durante este periodo de vigencia se han podido leer muchos comentarios de usuarios que se quejaban de que ciertas páginas webs, como la de la DGT, la de la Junta de Andalucía, o la propia de la Agencia Española de Protección de Datos, no cumplían con esta «ley». Pero lo cierto es que el hecho de que no cumplan obedece a una simple cuestión: no están obligadas a hacerlo, ya que el ámbito de aplicación de la LSSI no alcanza a la Administración Pública.

Así, la LSSI y con ella la «ley de cookies», es aplicable únicamente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información; en otras palabras, personas (físicas o jurídicas) que realicen actividades económicas por Internet u otros medios telemáticos siempre que se reúnan otros requisitos que ahora no vienen al caso; lo relevante es por tanto que se preste un servicio que conlleve actividad económica. Por ello, si un blog personal no incluye publicidad, ni solicita donaciones, ni realiza ninguna actividad económica en él, no está obligado a cumplir con la LSSI ni por supuesto con esta «ley de cookies».

Y esto mismo sucede con la Administración Pública en general; una Administración Pública no encaja en la definición que hace la LSSI de «prestador de servicios de la sociedad de la información» precisamente por faltar ese elemento económico, esa actividad económica imprescindible, por lo que no le es aplicable la LSSI con carácter general.
Por si hubiera alguna duda, el propio Ministerio de Industria, Energia y Turismo lo deja bien claro en su página web.

Como curiosidad, este mismo Ministerio incurre en una incoherencia al indicar, en el aviso legal relativo a la utilización de las cookies, que el propio Ministerio está obligado a respetar la «ley de cookies»:

«El Ministerio de Industria, Energía y Turismo tiene la obligación por el Real Decreto-ley 13/2012 que modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, de informar y obtener el consentimiento del ciudadano acerca del uso de las cookies en sus páginas web.».

No cabe por tanto esperar, por ejemplo, que la página web del Congreso de los Diputados vaya a cumplir con esta normativa, a pesar de que instala varias cookies cuando es visitada. O la propia página de La Moncloa, que al menos instala media docena de cookies.
Pero eso sí, ese señor que para intentar incrementar un poco la venta de sus productos decide abrir en Internet y utiliza, por ejemplo, Google Analytics para medir la audiencia de su web, podrá ser sancionado con una multa de hasta 30.000 si no cumple escrupulosamente con los requisitos de esta «ley de cookies», tan necesaria y útil para proteger nuestra privacidad.

Añadir por último, que aunque la Ley obligara también a la Administración Pública, la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, al menos en el momento de escribir este artículo, tampoco necesitaría hacer nada ya que no instala cookies cuando se navega por ella; a excepción (que yo haya encontrado) de cuando se desea realizar el autotest «Evalúa«, pero incluso esta cookie entraría dentro de las exceptuadas según el Grupo de Trabajo del Artículo 29 en su Dictamen 4/2012, por lo que no se encontraría sometida a la «ley de cookies».

[Actualización 3-9-2013] Me parece oportuno precisar (tal y como me comentan en los comentarios de esta noticia aparecida en Menéame) que aunque si bien es cierto que con carácter general, a la gran mayoría de páginas webs de la Administración no les será de aplicación esta «ley de cookies» sí que es cierto que habrá ocasiones en las que sí les será de aplicación; en la web del Ministerio que citaba anteriormente lo aclaran igualmente:

«Sin embargo, cuando la actividad de una Administración sí tenga un carácter económico (por ejemplo, la venta de libros turísticos por una entidad pública dependiente de un Ayuntamiento), le será aplicable la LSSI. «

Efectivamente, dado lo complejo y lo entramado de nuestra Administración (entiéndase «Administración» en sentido amplio), no será difícil encontrar páginas de Ayuntamientos donde, a través de alguna entidad pública o similar, se oferte algún servicio que sí entraría dentro del concepto que ofrece la LSSI y que por tanto le sería de aplicación la «ley de cookies».